• Los olivareros denuncian que venden a un precio cada vez más bajo
  • Sufren pérdidas de 1.000 millones y el impacto de los aranceles de EEUU
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Foto: Getty.

 

La bajada de los precios, los aranceles impuestos por EEUU y la imposibilidad de rentabilidad en un negocio que acumula meses y meses de tendencia negativa han provocado que el sector del aceite de oliva se levante en movilizaciones por toda España para lanzarse contra una situación de crisis que amenaza con destruir miles de puestos de trabajo y que ya es uno de los principales problemas que ha de afrontar el Ministerio de Agricultura con la legislatura recién comenzada.

 

Las tres principales organizaciones agrarias, COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) y UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) han prometido un final de enero de protestas ante un contexto desfavorable y exigiendo la toma de medidas a las instituciones para proteger al sector de las eventualidades negativas que ha sufrido en los últimos meses.

El precio del aceite en el campo (el que pagan los comercializadores a los productores) se ha movido en mínimos históricos durante los últimos meses de 2019, año en el que ha descendido de valores cercanos a los 2,5 euros a 2 euros por litro, en torno a un 20%. Una realidad que contrasta con la que este producto tiene en los supermercados, donde se vende a cantidades próximas a los cuatro euros. El sector asegura que, por debajo de 2,70 euros el litro, todo el producto vendido supone pérdidas que, para 2019, llegan a los 1.000 millones de euros.

Conforme han ido pasando los meses, los agricultores han aumentado el volumen de sus protestas. El sector reclama una acción potente del Estado y critica la escasa influencia de la Unión Europea. Pide la regulación del precio del aceite, acabar con la venta a pérdidas y el permiso para almacenar parte de la producción en las almazaras.

Con el comienzo de la nueva legislatura en España, en la que Luis Planas repite como ministro de Agricultura, el tejido asociativo del aceite se ha puesto manos a la obra, anunciando movilizaciones en los últimos días de enero, con especial énfasis en Jaén, principal productora mundial de aceite de oliva. La premisa es que "la voz del campo" se haga escuchar ante un panorama de desprotección y que no solo afecta al aceite, sino a todo el ecosistema agrario y ganadero.

Las organizaciones se refieren a una "crisis de rentabilidad" que se ejemplifica con una pérdida de renta agraria del 9% y que se produce en una "coyuntura dramática" atendiendo a los acontecimientos de los últimos meses.

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Esta coyuntura ha golpeado con fuerza al sector del aceite. La principal amenaza para los olivareros es la subida de un 25% en los aranceles por parte de EEUU al aceite y otros productos como el vino o el queso. En el caso del aceite, el valor de los productos afectados es de 300 millones de euros, el precio de las exportaciones durante 2018.

Una medida "letal" a la que pueden sumarse nuevos impuestos y que se aplicó a pesar de las manifestaciones de octubre en las que el sector pidió sin éxito a la Administración una política de Estado para frenar o paliar su impacto. Ahora, pasados unos meses que acrecientan la angustia de los olivareros, preparan un enero caliente que no solo se verá en las provincias  tradicionales de la producción aceitera, sino en toda España.